El precio que siempre paga el ciudadano

Hay momentos en que la realidad económica irrumpe con brutalidad en la vida cotidiana y obliga a la ciudadanía a confrontar algo que los gobiernos han trabajado meticulosamente para mantener oculto: el costo verdadero de sus propias decisiones. El alza histórica en el precio de los combustibles que experimenta Chile en este período no es un accidente ni una turbulencia pasajera. Es el ajuste de cuentas de años de postergación deliberada, de subsidios utilizados como instrumento de anestesia política, y de un modelo de Estado que interviene lo suficiente para distorsionar los mercados, pero nunca lo suficiente para asumir las consecuencias estructurales de esa intervención.

Cuando el litro de bencina supera umbrales históricos y el diésel encadena alzas semanales que golpean directamente los costos de transporte, producción y distribución, la clase política recurre al repertorio habitual: se culpa al contexto internacional, se señalan las guerras lejanas, se invoca la volatilidad del dólar. Todo eso es cierto, en parte. Pero es una verdad a medias, y las verdades a medias son, como escribió Frédéric Bastiat hace casi dos siglos, la forma más refinada de mentira en economía política.

La pregunta que debería hacerse todo ciudadano chileno no es por qué subió el combustible ahora, sino por qué no había subido antes, o por qué, cuando subía, alguien siempre encontraba la manera de amortiguar ese golpe justo antes de una elección. Ahí reside el problema real.

El mecanismo de la ilusión: el MEPCO y la deuda que no se ve

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como MEPCO, fue diseñado con una intención que suena razonable: suavizar las fluctuaciones del precio internacional del petróleo para evitar que la volatilidad externa impacte abruptamente al consumidor chileno. En teoría, cuando el precio internacional sube, el fondo absorbe el alza; cuando baja, el fondo se repone. Un sistema de vasos comunicantes. Lógico, técnico, aparentemente neutral.

El problema, como ocurre siempre con los mecanismos de intervención estatal sobre precios, no está en la intención sino en la lógica de incentivos que genera. El MEPCO no elimina el costo; lo difiere. Y cuando un costo se difiere indefinidamente, especialmente bajo la presión de ciclos electorales que penalizan el dolor en el corto plazo y socializan la irresponsabilidad en el largo, el mecanismo deja de ser estabilizador y se convierte en acumulador de presión.

Lo que el Estado da con una mano, lo toma con la otra —y generalmente, con intereses que nadie votó.

— Principio bastiano, reformulado para la economía latinoamericana contemporánea

Cuando el precio internacional del petróleo escaló sostenidamente en años recientes, el MEPCO comenzó a operar con un déficit creciente. El fondo entregaba subsidios que no tenía, financiados con deuda pública o con recaudación futura. La ciudadanía veía un precio en el surtidor que no reflejaba la realidad del mercado internacional. Esa brecha no desapareció: se acumuló. Y cuando el fondo se agotó y la deuda fiscal se tornó insostenible, el precio tuvo que ajustarse. No gradualmente, no con tiempo para adaptarse. De golpe. Con la violencia que caracteriza a todos los ajustes que se han postergado demasiado.

Esto es lo que Hayek llamaba el problema del conocimiento distribuido aplicado a la intervención sobre precios: cuando un mecanismo artificial reemplaza la señal del precio de mercado, no solo distorsiona el presente sino que acumula ignorancia sobre el futuro. El precio de mercado no es solo un número: es información comprimida sobre escasez, oferta, demanda, expectativas y decisiones de millones de actores. Cuando el Estado lo suprime o lo enmascara, no elimina la realidad subyacente; simplemente aplaza el momento en que esa realidad se impone. Y ese momento siempre llega.

La responsabilidad compartida: ni izquierda ni derecha está limpia

Sería políticamente conveniente —y analíticamente deshonesto— reducir este problema a la gestión de un solo gobierno. La verdad incómoda es que el uso político del MEPCO y de los subsidios a los combustibles ha sido una práctica transversal en la política chilena reciente. Gobiernos de centroderecha y de centroizquierda han recurrido al mismo instrumento con la misma lógica: reducir el precio percibido del combustible cuando la presión ciudadana arreciaba o cuando las encuestas comenzaban a deteriorarse, sin importar demasiado la sostenibilidad fiscal del mecanismo.

El segundo gobierno de Sebastián Piñera utilizó el MEPCO con notable intensidad durante el período inflacionario de 2021 y 2022. Los precios internacionales del crudo escalaban aceleradamente, la inflación global se disparaba como consecuencia de los estímulos monetarios post-pandemia, y el gobierno optó por absorber el alza en lugar de trasladarla. Era comprensible desde una perspectiva de gobernabilidad de corto plazo. Era irresponsable desde cualquier perspectiva de largo plazo.

El gobierno de Gabriel Boric heredó esa deuda, y añadió la suya propia. Entre las presiones de un programa de expansión del gasto social, la resistencia ideológica a ajustes que pudieran leerse como "regresivos", y la dificultad política de explicar alzas en servicios básicos a una ciudadanía que votó esperando protección, el resultado fue la continuación de la misma postergación con distintos argumentos. La diferencia es de retórica, no de sustancia.

Esta continuidad bipartidista en el error es instructiva. No revela malicia necesariamente, sino algo más profundo y más difícil de corregir: la lógica estructural de un sistema político democrático que penaliza el dolor visible en el corto plazo y no tiene mecanismos para responsabilizar a quienes generan costos diferidos. El político que sube el combustible paga el costo político hoy. El político que lo subsidia acumula crédito hoy y transfiere el costo a su sucesor. El cálculo es elemental. El resultado, desastroso.

El Estado subsidiario y sus trampas: intervención sin responsabilidad

Chile se ha presentado históricamente —y con cierto orgullo— como un caso de modelo de Estado subsidiario: el Estado no reemplaza a los privados sino que complementa donde el mercado falla, regula donde hay externalidades, protege donde hay vulnerabilidad. En teoría, es una síntesis razonable entre la lógica del mercado y la función social del Estado. En la práctica, la experiencia de las últimas décadas revela una deformación permanente de ese principio.

El Estado subsidiario chileno ha terminado operando bajo una lógica que podría formularse así: el Estado interviene cuando eso otorga capital político, y se retira cuando asumir responsabilidad resulta costoso. No es un Estado que subsidia donde el mercado falla estructuralmente; es un Estado que subsidia donde el precio político de no hacerlo resulta demasiado alto. La diferencia es crucial. La primera lógica responde a criterios de eficiencia y justicia; la segunda responde a ciclos electorales y encuestas de aprobación.

El resultado de esta deformación es lo que los economistas llaman "riesgo moral" a escala institucional: los agentes políticos asumen riesgos porque saben que los costos serán socializados y los beneficios serán apropiados individualmente —en forma de votos, popularidad, legado—. El subsidio al combustible es el ejemplo paradigmático: el gobierno que lo otorga recibe el crédito político. El gobierno siguiente enfrenta el ajuste y recibe la culpa. El ciudadano paga siempre.

La tragedia no es que el Estado sea demasiado grande o demasiado pequeño. La tragedia es que interviene demasiado donde le conviene y demasiado poco donde es necesario.

Lo que observamos en Chile no es el fracaso del mercado sino el fracaso de una política que utiliza el lenguaje del mercado para legitimarse, pero opera con la lógica del oportunismo político. Cuando el Estado fija o manipula precios de combustibles, no está corrigiendo una falla de mercado; está respondiendo a una presión política con instrumentos económicos que tendrán consecuencias que nadie en el momento de la decisión tiene incentivos para asumir.

Inflación, deuda y el impuesto que nadie vota

Existe una relación que la clase política latinoamericana prefiere no explicitar con demasiada claridad: la conexión entre gasto fiscal irresponsable, endeudamiento público, expansión monetaria e inflación. No es una relación sencilla ni mecánica, pero sus efectos sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos son reales, acumulativos y profundamente regresivos.

Cuando el Estado financia subsidios al combustible con deuda, esa deuda no desaparece. Se acumula en el balance fiscal y eventualmente debe ser pagada: con más impuestos, con mayor inflación, con menor espacio para otras políticas o con ajustes bruscos cuando la deuda se torna insostenible. Chile ha visto crecer su deuda pública de manera sostenida en los últimos años, en un contexto de deterioro de la confianza fiscal que ha encarecido el financiamiento soberano y presionado al peso chileno.

La depreciación del peso frente al dólar no es un fenómeno independiente de la política fiscal. Un país que gasta consistentemente más de lo que recauda, que acumula compromisos de largo plazo sin financiamiento claro, y que utiliza instrumentos de estabilización de precios para diferir ajustes necesarios, tiende a ver su moneda debilitarse. Y una moneda débil encarece todo lo que se transa en dólares, incluyendo el petróleo, que se cotiza en los mercados internacionales en la divisa norteamericana.

Es así como el ciudadano termina pagando el costo del subsidio dos veces: primero, a través de los impuestos que financian el mecanismo; y segundo, a través de la inflación que erosiona su salario real y su capacidad de compra. La inflación es, en este sentido, el impuesto más regresivo y más injusto de todos, porque no lo vota nadie, no lo legisla nadie, y lo pagan más duramente quienes menos tienen, porque destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo básico, incluyendo el transporte y los bienes cuyo costo de distribución está ligado al precio del combustible.

El populismo del precio: prometer protección sin asumir consecuencias

El discurso político en torno a los combustibles en Chile ha seguido un patrón notable en su previsibilidad. Cuando los precios suben, el gobierno de turno se presenta como el defensor de la ciudadanía frente a las "fuerzas del mercado" o "la especulación internacional". Se anuncia alguna medida de alivio. Se convoca a la prensa. Se explica con gráficos el mecanismo de estabilización. Se promete que el alza será "gradual" o "acotada". La ciudadanía, aliviada momentáneamente, asiente.

Lo que no se dice —lo que nunca se dice— es que cada promesa de alivio es una deuda futura. Que cada vez que el Estado amortigua el precio del combustible, está prestando plata que no tiene, o gastando reservas que se reponen con impuestos, o simplemente transfiriendo el problema al sucesor. El discurso populista del precio no es solo deshonesto; es estructuralmente incompatible con la responsabilidad fiscal, porque opera bajo la premisa de que los costos económicos son negociables si se cuenta con suficiente voluntad política.

No lo son. La economía no es una narrativa. Los precios del petróleo en los mercados internacionales no responden a la retórica presidencial. Las reservas del MEPCO no se reconstituyen con buenas intenciones. Y el déficit fiscal no desaparece porque un ministro declare en conferencia de prensa que el gobierno "protegerá a las familias chilenas del alza de combustibles". Bastiat lo habría reconocido de inmediato: el político ve lo que se ve —el alivio inmediato, el agradecimiento ciudadano— y evita ver lo que no se ve: la deuda acumulada, la distorsión de precios, el ajuste postergado que siempre, invariablemente, termina llegando.

Lo que el mercado habría dicho: precios como señales, no como castigos

Hay una tendencia profundamente arraigada en el pensamiento político latinoamericano a interpretar el alza de precios como un fenómeno moral: los precios suben porque alguien quiere que suban, porque hay codicia empresarial, porque las grandes corporaciones petroleras conspiran contra el trabajador. Esta narrativa es tan políticamente efectiva como económicamente errónea.

Los precios en un mercado libre no son arbitrarios ni morales; son señales. Cuando el precio del petróleo sube, esa señal transmite información crucial: hay escasez relativa, la demanda supera la oferta disponible, los costos de extracción o distribución han aumentado. Esa señal, por dolorosa que sea, genera respuestas adaptativas: los consumidores ajustan sus hábitos, los productores buscan alternativas energéticas, los transportistas optimizan rutas, la innovación tecnológica recibe un estímulo adicional hacia la eficiencia.

Cuando el Estado suprime esa señal mediante subsidios, no solo gasta recursos; destruye información. Mantiene patrones de consumo que de otro modo habrían evolucionado. Retarda la transición hacia energías alternativas al hacer artificialmente barato el combustible fósil. Perpetúa ineficiencias logísticas que de otro modo habrían encontrado solución. Y, sobre todo, genera en la ciudadanía una expectativa irreal sobre el verdadero costo de la energía, una expectativa que solo puede mantenerse mientras dure el subsidio y que explota con una violencia proporcional al tiempo que se ha mantenido la ficción.

Esto no significa que el mercado sea perfecto ni que no existan razones válidas para intervención estatal en ciertos mercados energéticos. Significa que la intervención tiene costos que deben reconocerse honestamente, y que un Estado que promete proteger al ciudadano del precio real de la energía no está protegiéndolo: está aplazando su encuentro con esa realidad y cobrando intereses por el aplazamiento.

El ajuste que llega: por qué el ciudadano siempre paga la cuenta

En toda esta historia hay un personaje que aparece al final de cada capítulo y que nunca figura en los titulares del episodio previo: el ciudadano común que llena el tanque, que paga el transporte público, que ve aumentar el precio del pan porque subió el diésel del camión que trajo la harina, que ajusta su presupuesto familiar semana a semana sin comprender del todo por qué todo cuesta más.

Este ciudadano no diseñó el MEPCO. No tomó la decisión de financiar subsidios con deuda. No votó por la política de diferir el ajuste. Simplemente vivió en un sistema donde el precio de la energía era artificialmente bajo, organizó su vida alrededor de esa realidad —eligió dónde vivir, dónde trabajar, qué vehículo comprar, cómo estructurar su negocio—, y ahora enfrenta un ajuste abrupto para el que nadie le advirtió que debía prepararse, porque el sistema político tenía todos los incentivos para no advertirle.

Es aquí donde la crítica libertaria al estatismo no es simplemente teórica. Es profundamente humana. El problema del intervencionismo no es solo que sea ineficiente en abstracto; es que transfiere los costos de las decisiones políticas a quienes menos capacidad tienen de absorberlos y menos información tuvieron para anticiparlos. Es una forma de injusticia que se disfraza de protección.

El pequeño empresario que tiene una flota de camiones y que organizó su negocio suponiendo ciertos costos de combustible no es un especulador ni un privilegiado. Es alguien que tomó decisiones racionales basadas en la información disponible, incluyendo la señal de precio que el Estado artificialmente mantuvo baja. Cuando esa señal cambia de golpe, el daño no lo absorbe el Estado que generó la distorsión: lo absorbe el empresario, sus trabajadores, y el consumidor final. La cadena de consecuencias es larga, real y dolorosa.

Conclusión: Libertad, responsabilidad y los límites del Estado protector

Existe una ilusión reconfortante en la política moderna: la de que hay un Estado suficientemente hábil, suficientemente benevolente y suficientemente informado como para administrar la complejidad económica sin generar las distorsiones que la teoría predice. Chile ha sido, en muchos sentidos, el laboratorio latinoamericano de esa ilusión. Y los resultados, en este como en otros ámbitos, son instructivos.

El alza de combustibles que hoy padece la ciudadanía chilena no es la consecuencia de la maldad del mercado ni de la crueldad de un gobierno en particular. Es la consecuencia lógica y predecible de décadas de política energética que priorizó la estabilidad política de corto plazo sobre la responsabilidad económica de largo plazo. Es el resultado de un modelo de Estado que prometió proteger sin asumir las consecuencias de esa promesa. Es el ajuste inevitable que siempre llega cuando la realidad se ha postergado demasiado tiempo.

La reflexión filosófica que este momento exige no es sencilla, pero es necesaria: ¿hasta qué punto tiene el Estado la capacidad y el derecho de proteger al ciudadano de la realidad económica? ¿Y quién paga el costo de esa pretensión de protección cuando el mecanismo se agota?

La respuesta libertaria no es que el Estado deba retirarse cínicamente y abandonar al ciudadano a las fuerzas del mercado sin más. Es que una sociedad libre requiere ciudadanos informados sobre el verdadero costo de las cosas, incluyendo el costo de la energía; que la libertad genuina no es la ilusión de un precio bajo sostenido por deuda que alguien más pagará, sino la capacidad de tomar decisiones con información real; y que el Estado que promete protección sin asumir responsabilidad no es un Estado guardián: es un Estado paternalista que administra la dependencia de sus ciudadanos para perpetuar su propia relevancia.

Bastiat escribió que la economía política debe distinguir entre los efectos inmediatos y los efectos diferidos de una política. El economista mediocre, decía, solo ve el primer efecto. El estadista —y el ciudadano libre— debe ver ambos. En Chile, como en gran parte de América Latina, hemos construido un sistema político que premia sistemáticamente al que solo ve el primer efecto. Las alzas de combustibles son, entre otras cosas, la factura de esa miopía colectiva.

La pregunta que queda, y que merece una respuesta honesta más allá de los ciclos electorales, es si la ciudadanía chilena está dispuesta a exigir una política energética que diga la verdad sobre los costos, que distribuya la carga de los ajustes de manera transparente, y que renuncie a la comodidad política del subsidio diferido. Es, en el fondo, una pregunta sobre madurez cívica. Sobre si preferimos la ilusión cómoda de precios artificialmente bajos o la incomodidad honesta de una economía que funciona con señales reales.

La libertad siempre tiene un precio. La diferencia es si lo pagamos ahora, conscientemente, o lo pagamos después, forzados y sin haberlo elegido.

— El orden espontáneo no se decreta. Se permite. —

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